Emilia García
Introducción
En octubre de 1945, cuando las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún cubrían Europa, nació un proyecto ambicioso: las Naciones Unidas. Su propósito era claro: evitar que el mundo volviera a caer en el abismo de un conflicto global. El multilateralismo se erigió como la brújula del sistema internacional, y la ONU como su máxima expresión. Ochenta años después, esa promesa suena a retórica vacía. La guerra en Ucrania, la disputa por el Canal del Bósforo y decenas de crisis humanitarias sin resolver demuestran que Naciones Unidas ha perdido capacidad de respuesta.
Lo que debía ser un espacio de equidad entre Estados se ha convertido en un escenario donde el derecho internacional cede ante los intereses de las potencias. El Consejo de Seguridad, faro teórico de la paz mundial, opera como un club cerrado donde cinco países deciden el destino del planeta sin contrapesos reales.
El sueño de 1945 y la realidad de 2026
El diseño original de la ONU respondía a una lógica comprensible: evitar que el mundo se destruyera de nuevo. La Carta de las Naciones Unidas estableció mecanismos de diálogo, mediación y, en última instancia, sanciones para preservar la paz. Sin embargo, ese mismo diseño contenía la semilla de su obsolescencia.
El Consejo de Seguridad otorgó cinco asientos permanentes —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China— con derecho a veto absoluto. En 1945, esto parecía pragmático: los vencedores de la guerra debían garantizar la estabilidad. Hoy, esa estructura es un anacronismo geopolítico. El mundo ha cambiado drásticamente. Potencias emergentes como India, Brasil o Indonesia carecen de voz decisiva pese a representar a miles de millones de personas.
Mientras tanto, los cinco miembros permanentes actúan como guardianes de sus propios intereses nacionales, no como árbitros imparciales del bien común global. La parálisis no es un error del sistema: es su diseño. Cuando una organización permite que un solo país bloquee cualquier acción colectiva, el multilateralismo deja de ser una herramienta de gobernanza para convertirse en teatro diplomático.
Ucrania y Rusia: el veto que paraliza al mundo
El conflicto entre Ucrania y Rusia, iniciado en febrero de 2022, es el ejemplo más contundente del fallo de las Naciones Unidas. Una invasión a gran escala contra la soberanía de un Estado miembro debería haber activado todos los mecanismos de respuesta de la organización. En teoría, la ONU existe precisamente para detener este tipo de agresiones. En la práctica, su reacción ha sido declaraciones, condenas y resoluciones simbólicas sin efecto real sobre el terreno.
Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha vetado sistemáticamente cualquier intento de sanción o intervención colectiva contra sus intereses. El veto no es una excepción: es una regla que Moscú ha utilizado una y otra vez para blindar su política exterior. Mientras tanto, miles de civiles han muerto, millones han huido de sus hogares y la estabilidad europea se ha resquebrajado. La ONU no ha podido impedirlo. No porque carezca de información, sino porque su arquitectura le impide actuar cuando un miembro permanente es parte del conflicto.
Este escenario revela una verdad incómoda: Naciones Unidas no está diseñada para resolver crisis donde las potencias están involucradas directamente. Está diseñada para gestionar conflictos entre países pequeños o para enviar ayuda humanitaria cuando los grandes ya han decidido no intervenir. Cuando los intereses de Moscú, Washington o Pekín entran en juego, la organización se desmorona. Ucrania no es una excepción: es la norma.
El Canal del Bósforo: geopolítica por encima del derecho internacional
Mientras la atención global se centra en Ucrania, otro escenario demuestra la irrelevancia de las Naciones Unidas en la regulación de espacios estratégicos compartidos. El Canal del Bósforo, en Turquía, es una de las vías marítimas más importantes del planeta. Conecta el Mar Negro con el Mediterráneo y mueve miles de millones de dólares en comercio global cada año. Su control ha sido históricamente motivo de tensión entre potencias regionales y globales.
En los últimos años, la disputa por el acceso al canal ha escalado. Turquía ha ejercido un control creciente sobre el tránsito, utilizando su posición geográfica como arma política y económica. Países ribereños del Mar Negro, incluida Ucrania, han visto limitado su acceso comercial en momentos críticos. La respuesta de las Naciones Unidas ante esta situación ha sido, una vez más, testimonial. Resoluciones sin fuerza vinculante, llamados a la moderación y recomendaciones de diálogo bilateral que ignoran la asimetría de poder entre los actores.
El problema no es la ausencia de normas internacionales sobre vías marítimas: existe el derecho del mar y convenios específicos sobre paso por estrechos. El problema es que la ONU carece de mecanismos ejecutivos para hacer cumplir esas normas cuando un Estado de peso medio como Turquía decide ignorarlas. La organización puede documentar violaciones, pero no puede imponer soluciones.
El Consejo de Seguridad: un club sin contrapesos
El núcleo del fallo de las Naciones Unidas reside en su órgano más poderoso: el Consejo de Seguridad. Este cuerpo de quince miembros —cinco permanentes con veto y diez rotatorios— concentra la capacidad decisoria real de la organización. Sin su aprobación, no hay sanciones económicas colectivas, no hay operaciones de paz autorizadas y no hay intervenciones legítimas bajo el Capítulo VII de la Carta.
La paradoja es evidente. Cinco países, elegidos por circunstancias históricas de hace ocho décadas, detienen el destino de 193 Estados miembros. Ninguno de esos cinco puede ser removido por mal desempeño. Ninguno debe rendir cuentas ante la Asamblea General por sus vetos. Ninguno está obligado a justificar sus decisiones ante un tribunal internacional independiente. Es una estructura de poder sin contrapesos, diseñada para perpetuar la hegemonía de las potencias victoriosas de 1945 en un mundo que ya no existe.
Las propuestas de reforma abundan desde hace décadas. Ampliar el número de miembros permanentes, limitar el uso del veto en casos de genocidio o agresión, crear mecanismos de revisión judicial de las decisiones del Consejo. Ninguna ha prosperado. ¿Por qué? Porque reformar la ONU requiere la aprobación de los mismos cinco países que se beneficiarían de mantener el statu quo. Pedirle a una élite que renuncie voluntariamente a su poder es una contradicción en sí misma. El resultado es una organización paralizada por diseño, incapaz de adaptarse a un mundo multipolar donde el poder económico, demográfico y tecnológico ya no coincide con la geografía de 1945.
¿Reforma o irrelevancia? El debate que la ONU evita
Frente a la evidencia de su propio fallo, Naciones Unidas ha optado por una estrategia de supervivencia simbólica. Sigue convocando Asambleas Generales donde la mayoría de resoluciones no son vinculantes. Sigue enviando misiones de observación a conflictos donde no puede influir. Sigue publicando informes exhaustivos sobre derechos humanos que los violadores sistemáticos ignoran impunemente. La ONU no ha desaparecido, pero ha mutado: de garante de la paz a burocracia de mero registro diplomático.
Los defensores del sistema argumentan que, sin la ONU, el caos sería mayor. Que la organización proporciona foros de diálogo insustituibles, coordina ayuda humanitaria masiva y preserva normas mínimas de convivencia internacional. Esto es parcialmente cierto. La ONU sigue siendo útil en gestión de crisis humanitarias de bajo perfil político, en salud global o en desarrollo sostenible. Pero en lo que respecta a la seguridad internacional —su razón de ser original— ha fracasado estrepitosamente.
La pregunta no es si la ONU hace algo bien. La pregunta es si hace lo suficiente bien en lo esencial para justificar su existencia como garante del orden global. Cuando una organización diseñada para prevenir guerras no puede detener una invasión en Europa, cuando no puede garantizar el libre tránsito por vías estratégicas y cuando su órgano de decisión está secuestrado por cinco países sin contrapesos, la respuesta es negativa. No se trata de abolir el multilateralismo, sino de reconocer que Naciones Unidas, en su forma actual, ya no es el instrumento adecuado para ejercerlo.
Conclusión
Naciones Unidas nació de la necesidad de evitar una tercera guerra mundial. Ochenta años después, su arquitectura original se ha convertido en un obstáculo para la paz. El conflicto en Ucrania, la inacción frente a la geopolítica del Canal del Bósforo y la parálisis estructural del Consejo de Seguridad demuestran que la organización responde a los intereses de las potencias, no a las necesidades del mundo. El veto unilateral, la ausencia de contrapesos democráticos y la imposibilidad de reforma interna condenan a la ONU a una irrelevancia creciente. El multilateralismo sigue siendo necesario, pero debe construirse sobre instituciones que reflejen el mundo actual, no el de 1945. Mientras tanto, Naciones Unidas seguirá siendo un recordatorio costoso de que, en el sistema internacional, el derecho solo prevalece cuando las potencias lo permiten.
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Emilia García, profesional en Relaciones Internacionales con mención y formación avanzada de cuarto nivel en Gestión Pública y Gobernanza Digital. Amplia experiencia en el sector público ecuatoriano y consultoría internacional, liderando la articulación interinstitucional, el análisis normativo y la gestión técnica de procesos. Sólido interés y competencias enfocadas en el diseño de políticas públicas para la transformación digital, innovación tecnológica, gobierno digital y conectividad regional. Orientada a la entrega de resultados estratégicos mediante la elaboración de informes técnicos y el manejo de proyectos bilingües de alto impacto.