EL ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN ECUADOR.

AUTOR: FABIO DE LA CADENA ORTIZ.

De todas las personas que han sido encarceladas en nuestro país, aproximadamente el 40% pertenece a un grupo de individuos que han sido apresados sin haber recibido una sentencia condenatoria aún. Es decir, la justicia aún no los ha declarado culpables, pero por “ciertos riesgos” supuestamente comprobados, han sido encerrados en nuestras prisiones. A esto se le conoce como prisión preventiva. Ese fue el porcentaje que reveló el informe del 2022 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Personas Privadas de Libertad en Ecuador”.

Posiblemente esa información en la actualidad ha cambiado, pero seguramente las cifras siguen siendo altas. Aun así, nos encontramos frente a un porcentaje realmente elevado porque en teoría, la prisión preventiva es considerada como una “medida excepcional”, ya que consiste en la restricción del derecho a la libertad. Precisamente eso es lo que la convierte en una medida de última instancia. Dicho de otro modo, cuando el arresto domiciliario, la prohibición de salida del país, entre otras medidas, son insuficientes, entonces en esos casos puede aplicarse la prisión preventiva. Además, esta exige que su necesidad, idoneidad y proporcionalidad sean debidamente justificadas.

Los estándares internacionales, en cambio, son más prácticos a la hora de explicar las razones para imponer esta medida cautelar. La Corte Interamericana reconoce dos principales requisitos:

1. El peligro de fuga del procesado.
2. El peligro de obstaculización o entorpecimiento del proceso por parte del procesado (llámese proceso a todo el trámite que se debe realizar antes de juzgar a alguien).

Para ello, es la fiscalía quien carga con toda la responsabilidad de demostrar ante el juez la existencia de estas condiciones. Por otro lado, no es obligación del procesado asegurar que no huirá ni interferirá en el desarrollo del proceso.

Eso es lo que debería pasar en un mundo ideal. En cambio, en un país con una cultura que utiliza el derecho penal y la cárcel como un instrumento para amedrentar y castigar, no funciona así.

En la realidad, el fiscal hace el mínimo esfuerzo para demostrar que se cumplen los requisitos de la prisión preventiva. Por el contrario, el procesado busca arraigos hasta debajo de las piedras para demostrar que colaborará y permanecerá durante todo el trámite sin escapar de las autoridades. Como consecuencia, el juez, aun así dispone la prisión preventiva mediante una resolución pobre, que carece de una justificación adecuada de esta medida tan “excepcional” y rigurosa a nivel motivacional (entiéndase motivación como las razones detalladas de la decisión que ha tomado el juez). En este sentido, se trata a los inocentes como culpables.

Porque hay que recordar que el hecho de ser investigado, sospechoso, procesado o acusado no convierte automáticamente a una persona en culpable del cometimiento de un delito, sino hasta que lo determine una sentencia (principio de presunción de inocencia).

En la práctica, poco o nada le pasa al juez y al fiscal que inobservan estos principios o requisitos necesarios para la imposición de una medida de esta naturaleza. Mientras que, en caso contrario, si un procesado queda en libertad y se le ordenan otras medidas sustitutivas a la prisión, como, por ejemplo, las presentaciones periódicas o la prohibición de salida del país, la opinión pública no dudará ni por un segundo en atacar con todas sus fuerzas a los jueces y fiscales que estaban a cargo de esa causa. Se les tacha de corruptos, de inmediato surgen las críticas hacia el sistema judicial, y se les dice de todo.

Por lo general, se abren dos procesos simultáneamente: uno judicial, y el otro, el que realiza la opinión pública. Este último es llevado a cabo por quienes están detrás de las redes, los “abogados de Twitter”, los medios de comunicación, entre otros. Usualmente, mientras el proceso judicial está recién empezando, en el juicio realizado por la opinión pública el procesado ya ha sido sentenciado y declarado culpable.

Con esto tampoco quiero decir que nuestro poder judicial es perfecto y no queda exento de cualquier escándalo o acusación relativa a la corrupción, pues los famosos casos que hoy todos hemos escuchado me impiden poner las manos al fuego y defender a la administración de justicia. Sin embargo, un poco de objetividad no hace mal, y generalizar a todos los funcionarios tampoco es justo.

Acto seguido, el abuso de la prisión preventiva trae consecuencias no solo para los procesados a los que se les dicta esta medida, sino también para sus familias y amigos, el Estado y, finalmente, la ciudadanía. Esto contribuye a la sobrepoblación en nuestras cárceles, y, consecuentemente, surgen los famosos amotinamientos en las mismas. Tener una gran cantidad de privados de libertad termina siendo costoso para el Estado y, por ende, perjudica a los bolsillos de los ecuatorianos, porque, al fin y al cabo, es el pueblo quien mantiene a los prisioneros para que puedan tener agua, comida, un techo, una cama, luz en su celda, etc.

En la misma línea, es evidente que las cárceles están diseñadas para contener a quienes han sido sentenciados y, excepcionalmente, para quienes aún no lo han sido, siempre que sea justo y necesario. En ese sentido, no hay espacio para tantos presos.

Lo expuesto no significa, entonces, que las cárceles deban ser más grandes o que las normas deban ser menos rígidas, pues encerrar a la gente no es una solución definitiva para combatir la inseguridad y, por ningún motivo debe ser vista como una varita mágica. Después de todo, la prisión es la consecuencia del presunto cometimiento de un delito, y, para reducir su comisión, hay que atacar las causas del delito, no a su consecuencia.

Personalmente, considero que menos es más, o sea que, menos presos significa más control en nuestras prisiones, y al menos en algo se podría contribuir para rehabilitarlos, porque ese es el verdadero fin del encierro.

Después de todo, solo me queda invitar a la reflexión a todo aquel que ha llegado hasta este punto de la lectura, pues habrá quienes compartan estas ideas, pero también quienes las discrepan, al final, el debate y la reflexión es lo que nos puede ayudar a mejorar como sociedad y sobre todo intentar frenar el abuso de la prisión preventiva.