Jhon Esteban Mora Bassante
Introducción
Al buscar un producto, pocas personas revisan todas las páginas de resultados. La mayoría compara las primeras opciones que aparecen en pantalla. Esa conducta cotidiana tiene consecuencias comerciales. Para un vendedor, ocupar un lugar visible puede significar recibir visitas y concretar ventas; quedar relegado puede reducir sus oportunidades, incluso cuando ofrece un precio competitivo o un producto de calidad.
La discusión adquiere otra dimensión cuando la plataforma que organiza esos resultados también comercializa sus propios bienes o servicios. La empresa cumple entonces dos funciones. Facilita el encuentro entre compradores y vendedores y, al mismo tiempo, compite con quienes utilizan su infraestructura. La posibilidad de ordenar la visibilidad de las ofertas genera una tensión que el Derecho de la Competencia debe examinar con cuidado.
Esta práctica se conoce como autopreferencia digital. El caso Google Shopping, la regulación europea de mercados digitales y la legislación ecuatoriana permiten estudiar cuándo una ventaja responde a méritos comerciales y cuándo puede cerrar oportunidades a otros operadores. El análisis se concentra en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM) y en las pruebas necesarias para justificar una intervención administrativa.
Autopreferencia digital, una práctica con dos caras
Una plataforma puede conectar a vendedores con compradores y, al mismo tiempo, participar en las transacciones. En este modelo híbrido administra el espacio de venta y ofrece productos propios frente a los de terceros. Amazon, por ejemplo, opera su mercado en línea, vende artículos de su marca y presta servicios de logística a vendedores externos.[1]
La autopreferencia aparece cuando la plataforma concede a sus productos un trato más favorable que a ofertas comparables de terceros. Puede hacerlo mediante la posición en una búsqueda, el tamaño de la imagen, las etiquetas de recomendación o los filtros disponibles. Lo relevante es la diferencia de trato y su justificación.[2]
La integración de funciones puede generar beneficios. Una plataforma que controla la entrega puede coordinar inventarios y ofrecer plazos más precisos. También puede desarrollar productos propios para ampliar la variedad, reducir costos o atender una demanda que otros vendedores no cubren. Esas decisiones forman parte de la libertad empresarial y pueden intensificar la competencia.[3]
La dificultad aparece cuando la plataforma utiliza su posición como intermediaria para impulsar su oferta con criterios ajenos a la calidad, el precio o las preferencias del comprador. La visibilidad privilegiada puede desviar demanda hacia el producto propio y reducir las oportunidades de los rivales. El análisis depende del funcionamiento de la plataforma y de las condiciones del mercado.[4]
Google Shopping y el valor de aparecer primero
El caso Google Shopping permite observar el problema con hechos concretos. El 27 de junio de 2017, la Comisión Europea sancionó a Google por abusar de su posición dominante en trece países del Espacio Económico Europeo. La autoridad examinó la manera en que el buscador presentaba su servicio de comparación de compras frente a los comparadores rivales.[5]
Los resultados de Google Shopping aparecían en posiciones destacadas y con imágenes y datos que facilitaban su lectura. Los servicios competidores, en cambio, aparecían como enlaces genéricos y podían perder posiciones por algoritmos de clasificación. La Comisión consideró que la diferencia desviaba tráfico hacia el servicio propio de Google y debilitaba a los comparadores rivales.[6]
La Comisión examinó el comportamiento de los usuarios, la evolución del tráfico y la importancia de Google Search para los comparadores. También valoró si las aplicaciones móviles, las visitas directas y la publicidad podían reemplazar ese tráfico. Concluyó que esas vías no compensaban efectivamente la pérdida de visibilidad. La multa ascendió a 2.424.495.000 euros.[7]
Google impugnó la decisión. En 2021, el Tribunal General confirmó el abuso en el mercado de comparación de compras, pero anuló la conclusión sobre efectos en el mercado de búsqueda general por falta de prueba suficiente. El 10 de septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de Google y Alphabet. Confirmó que el trato preferente puede constituir abuso cuando, según las circunstancias del mercado, se aparta de la competencia basada en méritos y puede perjudicarla.[8]
El asunto también permite formular una cautela. El Tribunal de Justicia aclaró que una empresa dominante no incurre automáticamente en abuso por favorecer sus propios productos. La calificación depende de las circunstancias concretas y de la forma en que la conducta afecta a la competencia. Esa precisión evita convertir la autopreferencia en una infracción por sí misma.[9]
Europa adopta reglas específicas para las grandes plataformas
La Unión Europea incorporó una obligación directa en el Reglamento de Mercados Digitales, conocido como DMA. Su artículo 6.5 prohíbe que los guardianes de acceso (gatekeepers) traten sus propios productos o servicios de forma más favorable en la clasificación, indexación o rastreo que a ofertas similares de terceros. La regla alcanza a empresas designadas por la Comisión para determinados servicios básicos de plataforma. No se aplica automáticamente a cualquier negocio digital.[10]
El 23 de julio de 2026, la Comisión Europea declaró que Alphabet incumplía esa obligación en Google Search y le impuso una multa de 460 millones de euros. La decisión identificó servicios propios de compras, vuelos, trenes, alojamiento, mapas, traducción, deportes y juegos que recibían una presentación más favorable que servicios similares de terceros. La Comisión ordenó terminar el incumplimiento dentro de sesenta días. La multa adicional de 430 millones de euros impuesta ese día correspondió a restricciones distintas en Google Play y no a la autopreferencia en los resultados de búsqueda.[11]
La diferencia entre ambos regímenes importa. El artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sanciona el abuso de posición dominante según las circunstancias y efectos. El DMA impone obligaciones específicas a plataformas designadas como guardianes de acceso. Busca proteger la competencia en servicios que funcionan como puertas de entrada para empresas y consumidores.[12]
Las directrices de la Comisión Europea sobre abusos excluyentes, adoptadas el 3 de septiembre de 2026, reconocen que la autopreferencia no es problemática en todos los casos. Para que distorsione la competencia, debe apartarse de la competencia basada en méritos y tener capacidad de producir efectos de exclusión. Entre los factores relevantes figuran la importancia del canal de acceso para los rivales, la disponibilidad de vías alternativas, la existencia de diferencias de trato injustificadas y la influencia que la posición privilegiada ejerce sobre las decisiones de los usuarios.[13]
¿Cómo distinguir una ventaja legítima de una exclusión?
Primero deben identificarse las ofertas comparables. Un producto con entrega inmediata no necesariamente compite en las mismas condiciones que otro que demora varios días. Una clasificación basada en disponibilidad, precio final, calidad, garantía o satisfacción puede responder a criterios comerciales razonables. La autoridad debe comprobar que esos criterios sean verificables y coherentes.[14]
Luego debe examinarse el poder de la plataforma. La práctica genera mayor preocupación cuando los vendedores dependen de ella para llegar a sus clientes y carecen de canales alternativos. Los efectos de red, los costos de cambio y la concentración de información pueden reforzar esa dependencia. La posición de un producto propio importa más cuando la plataforma controla una vía de acceso difícil de reemplazar.[15]
También deben probarse los efectos. La reducción de visitas o ventas de un vendedor no acredita por sí sola una infracción. La autoridad debe valorar si la práctica puede desplazar rivales relevantes, reducir opciones o deteriorar las condiciones para consumidores y vendedores. Debe distinguir esos efectos de los cambios derivados de precios, calidad, inventario o preferencias individuales.
La evidencia empírica confirma la necesidad de un examen concreto. Jürgensmeier y Skiera desarrollaron en 2025 un método para medir la visibilidad de productos propios y de terceros en varios mercados de Amazon. Sus resultados agregados ofrecieron poca evidencia de autopreferencia en las muestras estudiadas, aunque encontraron diferencias según países y categorías. El estudio muestra que una sospecha no reemplaza la medición ni permite generalizar a todos los productos y plataformas.[16]
La plataforma puede invocar eficiencias, como entregas más rápidas, menos devoluciones, mejores garantías o integración técnica. La explicación debe apoyarse en datos y guardar relación con la diferencia de trato. También debe examinarse si existían alternativas menos restrictivas. Una afirmación genérica sobre la calidad del servicio no justifica cualquier preferencia.[17]
¿Qué permite investigar la legislación de libre competencia en Ecuador?
El artículo 9 de la LORCPM prohíbe el abuso cuando uno o varios operadores con poder de mercado utilizan esa posición para impedir, restringir, falsear o eliminar la competencia, con perjuicio para la competencia real o potencial y, por esa vía, para los consumidores. La norma exige que la conducta no hubiera sido posible sin ese poder.[18]
Dos supuestos del artículo 9 de la LORCPM merecen atención. El literal e) contempla la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen injustificadamente a unos competidores en desventaja. El literal i) comprende las conductas que dificulten injustificadamente el acceso o permanencia de competidores por razones distintas de la eficiencia económica. Una regla de clasificación que favorece sistemáticamente la oferta propia podría examinarse bajo estas disposiciones, siempre que los hechos acrediten sus elementos.[19]
La aplicación exige determinar el mercado relevante conforme al artículo 5 y establecer el poder de mercado según los artículos 7 y 8 de la LORCPM. La autoridad debe examinar la independencia de la plataforma, las barreras de entrada, las alternativas de los vendedores y el acceso a información, redes y tecnología. El número de usuarios no resuelve por sí solo esa evaluación.[20]
La Superintendencia debe probar los efectos, conforme al artículo 9 de la LORCPM. Los artículos 48 y 49 de la LORCPM permiten requerir registros informáticos, documentos y correspondencia. La prueba podría incluir criterios de clasificación, historiales de cambios, impresiones, clics, tráfico remitido a terceros, condiciones de acceso y comunicaciones internas sobre la presentación de ofertas.[21]
El operador debe poder explicar el funcionamiento del sistema y contradecir los datos de la autoridad. La información reservada exige protección y el acceso a correspondencia confidencial debe observar el artículo 51 de la LORCPM, que determina la necesidad de obtener una autorización judicial. La resolución debe justificar el poder de mercado, la conducta, sus efectos y el vínculo entre ellos.[22]
La comparación con Europa ofrece una orientación, no una traslación normativa. Ecuador no cuenta con una obligación equivalente al artículo 6.5 del DMA dirigida a una lista de guardianes de acceso. La vía nacional exige encuadrar la conducta en el abuso de poder de mercado y demostrar los presupuestos del artículo 9. Una reforma legislativa podría debatir reglas preventivas para plataformas de importancia sistémica, pero esa posibilidad pertenece al plano legislativo o de política pública y no describe el derecho vigente.
Conclusión
La autopreferencia digital puede mejorar una oferta cuando refleja precio, calidad, disponibilidad o eficiencia. Puede afectar la competencia cuando una plataforma utiliza su control sobre el acceso a los compradores para favorecer sus productos mediante diferencias injustificadas y con capacidad de desplazar rivales. Google Shopping muestra la importancia de probar la dependencia del tráfico y los efectos de la clasificación. En Ecuador, el artículo 9 de la LORCPM permite examinar estas conductas, siempre que la Superintendencia acredite poder de mercado, uso de esa posición y efectos sobre la competencia y los consumidores. La pregunta decisiva consiste en identificar qué explica esa posición y qué consecuencias produce en el mercado.
Bibliografía
Comisión Europea (2017). Resumen de la Decisión de 27 de junio de 2017 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 TFUE, asunto AT.39740 – Búsqueda de Google (Shopping). Diario Oficial de la Unión Europea, C 9, 12 de enero de 2018, pp. 11-14. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018XC0112%2801%29
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Comisión Europea (2026). Summary of Commission Decision of 23 July 2026, Case DMA.100193 – Alphabet – Online Search Engine – Google Search – Article 6(5), C(2026) 5358 final. Diario Oficial de la Unión Europea, C/2026/4985, 25 de septiembre de 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC_202604985
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Ecuador. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Registro Oficial Suplemento 555, 13 de octubre de 2011. Texto alternativo del artículo 9 publicado en el Séptimo Suplemento del Registro Oficial 333, 24 de julio de 2026.
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2024). Sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google LLC y Alphabet Inc. contra Comisión, C-48/22 P, EU:C:2024:726. https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/liste.jsf?num=C-48/22
[1] Federico Etro, “e-Commerce platforms and self-preferencing”, Journal of Economic Surveys, vol. 38, núm. 4 (2024), pp. 1516-1543, https://doi.org/10.1111/joes.12594.
[2] Comisión Europea, Guidelines on the application of Article 102 TFEU to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, C (2026) 6118 final, 3 de septiembre de 2026, párrs. 190-194, pp. 60-61.
[3] Etro, “e-Commerce platforms and self-preferencing”, cit.; Pablo Ibáñez Colomo, “Self-Preferencing: Yet Another Epithet in Need of Limiting Principles”, World Competition, vol. 43, núm. 4 (2020), pp. 417-446, https://doi.org/10.54648/WOCO2020022.
[4] Comisión Europea, Guidelines on the application of Article 102 TFEU, cit., párrs. 192-196.
[5] Comisión Europea, Resumen de la Decisión de 27 de junio de 2017, asunto AT.39740, “Búsqueda de Google (Shopping)”, Diario Oficial de la Unión Europea, C 9, 12 de enero de 2018, pp. 11-14.
[6] Comisión Europea, Resumen de la Decisión de 27 de junio de 2017, asunto AT.39740, cit., párrs. 9-21.
[7] Comisión Europea, Resumen de la Decisión de 27 de junio de 2017, asunto AT.39740, cit., párr. 31, p. 14.
[8] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google LLC y Alphabet Inc. contra Comisión, C-48/22 P, EU:C:2024:726; Tribunal General, sentencia de 10 de noviembre de 2021, Google y Alphabet contra Comisión, T-612/17, EU:T:2021:763.
[9] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google y Alphabet contra Comisión (Google Shopping), C-48/22 P, cit., párrs. 186-187; comunicado de prensa núm. 135/24, 10 de septiembre de 2024.
[10] Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, art. 6.5 y considerandos 51-52; Comisión Europea, Gatekeepers Portal, designación de Alphabet para Google Search, Google Shopping y otros servicios básicos de plataforma, https://digital-markets-act.ec.europa.eu/gatekeepers-portal_en.
[11] Comisión Europea, Summary of Commission Decision of 23 July 2026, Case DMA.100193 – Alphabet – Google Search – Article 6(5), C(2026) 5358 final, Diario Oficial de la Unión Europea, C/2026/4985, 25 de septiembre de 2026, párrs. 1-17. La multa de 430 millones de euros correspondió a una decisión separada sobre restricciones de dirección en Google Play. Véase también Comisión Europea, “Commission fines Google €890 million for breaches of the Digital Markets Act”, comunicado de 23 de julio de 2026, https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-fines-google-eur890-million-breaches-digital-markets-act-2026-07-23_en.
[12] Reglamento (UE) 2022/1925, arts. 1.6 y 6.5; Comisión Europea, Gatekeepers Portal, cit.
[13] Comisión Europea, Guidelines on the application of Article 102 TFEU, cit., párrs. 190-196 y 205-209.
[14] Comisión Europea, Guidelines on the application of Article 102 TFEU, cit., párrs. 190-196 y 205-209.
[15] Comisión Europea, Guidelines on the application of Article 102 TFEU, cit., párrs. 190-196 y 205-209.
[16] Lukas Jürgensmeier y Bernd Skiera, “Measuring Self-Preferencing on Digital Platforms”, Journal of Marketing, pp. 1-25, https://doi.org/10.1177/00222429251360772.
[17] Comisión Europea, Guidelines on the application of Article 102 TFEU, cit., párrs. 190-196 y 205-209.
[18] Ecuador, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, art. 9, texto alternativo publicado en Registro Oficial, Año II, Séptimo Suplemento núm. 333, 24 de julio de 2026, pp. 3-5.
[19] Ibíd., art. 9, literales e) e i), texto alternativo publicado en Registro Oficial, Año II, Séptimo Suplemento núm. 333, 24 de julio de 2026, pp. 4-5.
[20] Ibíd., arts. 5, 7 y 8.
[21] Ibíd., arts. 9, 48 y 49.
[22] LORCPM, art. 51; Constitución de la República del Ecuador, art. 76.