Abigail Mejía Cabrera
Si la transición a energía limpias consiste en rediseñar por completo el sistema energético global, no podemos limitarnos a cambiar paneles solares por fósiles manteniendo las mismas estructuras de desigualdad.
Cambiar la matriz energética no es solo un reto tecnológico; es un proceso político de redistribución del poder y los recursos, el debate de la transición energéticasuele reducirse a cifras técnicas como megavatios instalados, gigafactorías de baterías, precios del litio y curvas de descarbonización. Sin embargo, la energía no es un simple recurso técnico neutral; es el motor que organiza la economía, el trabajo y las relaciones de poder en la sociedad. Asumir que basta con reemplazar los combustibles fósiles por paneles solares para lograr un mundo sostenible es ignorar una realidad fundamental, es importante advertir que si la nueva infraestructura energética se construye sobre las viejas estructuras de desigualdad, la transición limpia no será una transición justa.
Desde las mujeres rurales que dedican horas diarias a la recolección de biomasa hasta la marcada subrepresentación femenina en los puestos directivos y técnicos del sector renovable, las dinámicas de género determinan quién paga el costo de la pobreza energética y quién se beneficia del nuevo modelo económico. Hablar de transición energética es, inevitablemente, hablar de democratización, justicia redistributiva y equidad de género y laboral. Sin una perspectiva interseccional que coloque los derechos humanos y el trabajo de cuidados en el centro, corremos el riesgo de financiar un futuro verde que mantenga intactas las brechas del pasado.
La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), señala que “Las mujeres representan el 32% de la fuerza laboral en el sector de las energías renovables a nivel global, pero solo ocupan el 19% de los puestos de alta dirección y liderazgo. Lograr una transición energética justa depende de reconocer y empoderar a las mujeres como agentes activos de cambio, no como receptoras pasivas.»
La pobreza energética es profundamente machista. En el centro de las actividades cotidianas del hogar, desde la preparación de alimentos hasta la climatización básica, se encuentra el trabajo no remunerado que socialmente ha sido asignado a las mujeres. Cuando un hogar carece de acceso a fuentes de energía modernas, eficientes y asequibles, la carga de esa carencia recae de forma directa sobre el cuerpo y el tiempo de las mujeres y niñas.
En regiones del Sur Global, la falta de redes eléctricas o de tecnologías de cocina limpia implica jornadas de hasta cinco horas diarias dedicadas exclusivamente a la recolección de leña, carbón o biomasa. Esta pobreza de tiempo frena de raíz cualquier posibilidad de autonomía económica, educación o participación política y comunitaria. Por otro lado, el uso de combustibles sólidos en espacios cerrados genera una crisis invisible de salud pública, ya que la inhalación continuada de humo provoca afecciones respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, afectando desproporcionadamente a quienes pasan más tiempo en el entorno doméstico. La energía no es un lujo técnico; es un prerrequisito para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la igualdad de género.
Existe el peligro real de que la urgencia ambiental sea utilizada para justificar la reproducción de viejas prácticas coloniales y patriarcales bajo el lema de la “sostenibilidad”. Reemplazar el petróleo por minerales críticos como el litio, el cobalto o el cobre no garantiza por sí solo un modelo justo. Si la descarbonización se basa en megaproyectos extractivos en el Sur Global que desplazan a comunidades locales, contaminan fuentes de agua y despojan a las mujeres campesinas e indígenas de sus medios tradicionales de subsistencia, estaremos ante un mero greenwashing social.
De igual manera, el sector empresarial de la tecnología limpia corre el riesgo de convertirse en un club exclusivo. A pesar de los miles de millones de dólares en inversiones y de la creación de millones de empleos “verdes”, las mujeres continúan segregadas en el mercado laboral renovable, relegadas a puestos administrativos o de bajos salarios y prácticamente ausentes de los puestos directivos y de toma de decisiones técnicas. Una transición energética que financia empresas con brechas salariales profundas y que ignora los impactos territoriales en el Sur Global simplemente cambia el color de la injusticia, de gris fósil a verde corporativo.
Para evitar que la transición sea una simple sustitución de insumos tecnológicos, debemos pasar de la lógica del mercado energético al principio de la democracia energética. La energía debe ser conceptualizada y protegida como un bien común y un derecho humano fundamental, no como una mercancía especulativa.
Esto implica descentralizar la producción y el control del sistema. Las comunidades energéticas locales y las cooperativas solares rurales lideradas por mujeres representan hoy el modelo más transformador de justicia climática. Cuando las mujeres no solo son consumidoras de energía, sino diseñadoras, copropietarias y gestoras de la infraestructura, se rompe la dependencia de las grandes corporaciones y se reactiva la economía local. La verdadera transición no se mide únicamente en toneladas de CO₂ reducidas, sino en el grado de soberanía, equidad y capacidad de decisión que recuperan las comunidades para sostener la vida de manera digna y justa.