Semblanza Beatriz Rodriguez
Los Estados modernos se legitiman en virtud de que logren satisfacer mínimos fundamentales para sus ciudadanos. De hecho, esta idea fue el fundamento para la construcción de las sociedades civiles en el pensamiento contractualista. Para autores como Hobbes, Locke, Montesquieu o Rousseau, la razón por la cual el ser humano abandona el estado de naturaleza es, precisamente, la necesidad de obtener protección de su vida y patrimonio, principalmente. Así pues, los Estados-Nación contemporáneos, construidos en gran medida bajo este paradigma, mantienen como principal objetivo el brindar seguridad al ciudadano.
En este sentido, las instituciones estatales no pueden quedar impávidas ante los fenómenos que actualmente amenazan a los ciudadanos y deterioran a las democracias constitucionales. Son diversas las amenazas que enfrenta actualmente el Ecuador, sin embargo, si hay una a destacar es precisamente la irrupción de la criminalidad organizada transnacional, pues sus efectos resultan más evidentes y nocivos en la cotidianidad de la ciudadanía. El estrepitoso aumento en los indicadores de inseguridad, como las muertes violentas, evidencian como cada día las organizaciones criminales y la criminalidad común le ganan terreno a un Estado que cada vez se ve más limitado en sus capacidades de actuación, esto debido en gran medida a que uno de los grandes objetivos del crimen organizado es la desestabilización estatal, lo cual se logra, entre otros elementos, gracias a la infiltración criminal en las instituciones y el ambiente de impunidad que sus ingentes recursos económicos les permiten tener.
En ese sentido, podemos afirmar que actualmente las organizaciones criminales se han convertido en una especie de estructuras estatales paralelas, con sistemas de protección y gestión de seguridad, representatividad social e incluso un sistema impositivo basado en las extorciones. Por lo mismo, el desgastado enfoque político criminal que orientó los esfuerzos estatales a la represión individual del delincuente ha resultado poco eficaz. Frente a esto, es necesario desarrollar estrategias de seguridad que permitan separar a los actores criminales y a las economías ilícitas, es decir, trabajar, por un lado, en la represión del delincuente y, por otro, en el combate a las economías ilícitas.
El poderío de las organizaciones criminales se cimenta en sus vastos recursos económicos, los cuales les permiten, además de mantener un elevado contingente de individuos bajo su mando, la capacidad de diversificar sus operaciones en distintas actividades económicas. Esta diversificación de actividades criminales fortalece la gobernanza criminal, es decir, su estructura de poder, aumentando su influencia a otros espacios económicos y segmentos sociales. En tal virtud, si el objetivo es enfrentar de manera eficaz al crimen organizado transnacional, el medio idóneo es atacar a los mercados ilegales, de donde obtienen los recursos necesarios para sustentar sus actividades y estructura.
Ante este panorama y bajo la tesis de que el combate a los mercados ilegales es la mejor estrategia para neutralizar a las organizaciones criminales transnacionales, resulta necesario analizar cuales son las herramientas que permiten a los ordenamientos jurídicos nacionales emprender esta compleja empresa. En general existen dos vías: una penal, vinculada necesariamente a la sanción derivada de la comisión de un ilícito; y, una patrimonial, la cual responde a la naturaleza ilegitima del patrimonio obtenido, utilizado o derivado de actividades ilícitas.
Respecto al primer punto, el vinculado a la vía penal, la legislación ecuatoriana, y gran parte de legislaciones occidentales, reconocen la posibilidad de aplicar el comiso, es decir, la perdida del derecho de propiedad de un bien, como consecuencia accesoria a una pena resultante de un proceso penal en que se ha encontrado culpable a un individuo y se le ha impuesto una sanción. Este mecanismo permite privar a los delincuentes de los bienes, fondos, activos o instrumentos utilizados para u obtenidos en virtud de la comisión de un delito. En este caso, la medida necesariamente se encuentra vinculada a una persona.
Respecto al segundo punto, el netamente patrimonial, es una de las herramientas más poderosas con que cuentan los ordenamientos jurídicos para enfrentar a las economías ilegales: la extinción de dominio. En lo principal, esta figura cuenta con un elemento sumamente importante y donde radica su utilidad: su naturaleza patrimonial, es decir, en el caso de la extinción de dominio, la acción se dirige en contra de los bienes, no en contra de las personas, como en el comiso. Esta medida permite a los Estados recuperar activos ilícitos a través de la extinción del derecho de dominio sobre un bien debido a la ilegitimidad de su origen o uso. Al no estar vinculada directamente a una persona, sino a una actividad ilícita, se vuelve un elemento mucho más práctico para que la institucionalidad estatal ataque a las organizaciones criminales en donde en verdad les afecta: su patrimonio.
Como es posible apreciar, un enfoque orientado en enfrentar los mercados ilícitos tiene mayores posibilidades de afectar de manera agresiva al poderío y vigencia de las organizaciones criminales. Sin embargo, los beneficios de la utilización de estos mecanismos de recuperación de activos no se limitan a su función político criminal, ya que los recursos obtenidos a través de estas medidas son capaces de permitir a los Estados mayor inversión en política pública social, ratificando la vigencia y su monopolio del poder, así como generar condiciones sociales más equitativas que alejen del mundo criminal a los ciudadanos pertenecientes a los sectores más subalternos de la sociedad.
En definitiva, el combate al crimen organizado requiere de una estrategia innovadora e integradora de todos los medios con que cuenta el Estado para atacar a estas organizaciones a todo nivel y, dentro de estas, destacan los mecanismos de recuperación de activos como una de las mas eficaces y eficientes para alcanzar los fines legítimos del Estado constitucional.
Conoce sobre nuestra columnista.
Beatriz Rodríguez es Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Internacional del Ecuador, Magister en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Además, posee un Diplomado en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas por la Fundación Henry Dunant de Chile, Diplomado en Extinción de Dominio y estrategias anticorrupción por la Universidad de Salamanca, Diplomado en Extinción de Dominio y administración de bienes asegurados por la Universidad del Rosario, Colombia; y, es Experta en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Granada, España. Ha sido investigadora en el IEDPIC y en LEASUR de Chile. Ha sido docente universitaria de pregrado y postgrado en varias universidades nacionales. Ha realizado publicaciones en revistas científicas especializadas; y, ha dictado varias ponencias a nivel nacional e internacional. Desde abril de 2019 es Directora de Estudios Penales de la Fiscalía General del Estado.
