Msc. Abigail Mejía Cabrera
El concepto de sostenibilidad, tal como lo entendemos hoy en día, que abarca la economía, la sociedad y el medio ambiente, se consolidó formalmente en el Informe Brundtland de 1987. Para 1989, a nivel académico, aparece un nuevo concepto en un informe elaborado para el Gobierno del Reino Unido titulado Blueprint for a Green Economy, y para el 2008, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó una iniciativa titulada Economía Verde, cuya finalidad es crear un modelo económico que, a la presente fecha, es una política de alcance mundial acuñada en el 2012 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).
Después de más de tres décadas, el debate global sobre la sostenibilidad ha superado la etapa del diagnóstico ambiental para adentrarse de lleno en la reestructuración de un modelo económico. La promesa de una economía verde se caracteriza en la descarbonización, la eficiencia energética y la sustitución de matrices fósiles, plantada con la mejor alternativa para detener el colapso climático. Sin embargo, en el entusiasmo de las metas de descarbonización a menudo se pasa por alto una premisa fundamental: ninguna transformación estructural es sostenible si destruye la cohesión social o precariza a la clase trabajadora.
El avance hacia una economía verde no es un simple ajuste de variables técnicas o tecnológicas; es una transformación económica profunda que reorganizará sectores clave como la energía, el transporte, la agricultura, la industria manufacturera e incluso la tecnología. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cumplimiento de las metas climáticas globales provocará la pérdida inevitable de cerca de “6 millones de empleos en industrias tradicionales intensivas en carbono. Aunque las proyecciones indican la creación de hasta 24 millones de nuevos puestos de trabajo sostenibles para el año 2030 generando un saldo neto positivo de 18 millones de empleos”, este balance positivo de cifras macroeconómicas no elimina de forma automática la incertidumbre ni la vulnerabilidad social.
Es en esta brecha que nace el concepto de “Transición Justa”. A través del Just Transition Pavilion e iniciativas impulsadas junto al Pacto Mundial de la ONU, la OIT y la comunidad internacional han sido claras la etiqueta de «empleo verde» que no es sinónimo de empleo digno. Un puesto de trabajo en la industria fotovoltaica, hidrocarburífera o en la gestión de minerales puede replicar las mismas dinámicas de precarización, inseguridad ocupacional y déficit de derechos si no está respaldado por marcos regulatorios e instituciones laborales sólidas.
Para evitar que el costo del cambio recaiga sobre los sectores más frágiles, el proceso hacia una economía verde la OIT sostiene que deben existir tres pilares normativos e institucionales indispensables:
- Diálogo social y gobernanza participativa: La planificación de la reconversión energética no puede diseñarse unilateralmente desde escritorios corporativos o gubernamentales. Exige mesas tripartitas donde gobiernos, empleadores y representantes de los trabajadores acuerden los tiempos, las compensaciones y las vías de reconversión de cada sector.
- Reconversión de competencias (Reskilling) y protección social: La pérdida de puestos de trabajo en el sector fósil debe ir precedida de redes de protección social robustas y de programas masivos de formación técnica financiados para capacitar a la fuerza laboral en las nuevas tecnologías limpias.
- Garantía de trabajo decente y equidad: La economía verde debe garantizar salarios justos, libertad sindical, protección ocupacional y equidad de género en las industrias emergentes, impidiendo que la urgencia climática sirva de pretexto para desmantelar conquistas laborales históricas.
La transición hacia una economía verde no puede ser una historia de ganadores y perdedores donde el capital se renueva y el trabajo se precariza. Si la descarbonización genera desempleo estructural, erosión de derechos o exclusión en las comunidades locales, detonará resistencias sociales legítimas que terminarán por frenar la propia agenda climática. Como recuerdan las directrices multilaterales, la acción ambiental y la equidad social no son agendas contrapuestas, sino las dos caras de una misma moneda: la economía verde será verdaderamente verde solo si es, ante todo, justa.
Bibliografía:
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2015). Directrices para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Ginebra: OIT.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad con empleo. Ginebra: OIT.
- Pacto Mundial de la ONU & OIT. (2021). Just Transition Pavilion & Business Ambition for 1.5°C: Climate Action for Job Creation and Equity. Naciones Unidas.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2023). Informe sobre la Brecha de Emisiones: La transición justa hacia el cero neto. Nairobi: PNUMA.