Msc. Bryan Ruales.
Hablar de derecho sin hablar de los cambios tecnológicos que hoy marcan a la humanidad es cerrar los ojos ante una realidad que ya no admite excusas. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista y se convirtió en una herramienta que influye en nuestra forma de trabajar, decidir y hasta de relacionarnos. En el ámbito jurídico, este cambio es evidente, ya que cada día aparecen sistemas capaces de analizar jurisprudencia, automatizar contratos, sugerir estrategias procesales e incluso desarrollar un proceso judicial completo.
Todo esto parece eficiente, pero la verdadera pregunta es si estamos preparados para asumir las consecuencias legales y éticas de confiar en una máquina para temas que afectan la vida y los derechos de las personas.
IA y derecho, una revolución inevitable
El derecho siempre ha sido una disciplina humana. Lo que nos hace abogados, jueces o académicos no es únicamente el conocimiento de la norma, sino la capacidad de interpretar, de valorar contextos y de aplicar principios de justicia. Pero ¿puede una inteligencia artificial hacer eso? ¿Y si lo hace, bajo qué reglas y con qué límites?
El riesgo no está en la tecnología en sí, sino en la forma en la que la adoptamos. Si no existe transparencia en sus procesos, si los algoritmos se entrenan con datos sesgados o si su uso se convierte en un privilegio de unos pocos, la IA no será una herramienta de progreso, sino una amenaza para la igualdad y la dignidad.
Retos éticos y legales de la inteligencia artificial
Uno de los mayores retos es el manejo de datos. Los sistemas de IA funcionan con información, y en el derecho esa información suele ser sensible, como lo son historias clínicas, antecedentes judiciales o situaciones familiares. La privacidad no puede ser vista como un obstáculo para la innovación; es una condición para que exista confianza.
Otro reto igual de relevante es la responsabilidad. Cuando una máquina se equivoca, ¿quién responde? ¿El programador, el abogado o el juez que la usa? La respuesta aún no está clara, y ahí hay un vacío legal que debemos llenar antes de que las consecuencias sean irreparables.
También debemos hablar de los sesgos. No basta con suponer que una máquina es objetiva por ser una máquina. Los algoritmos aprenden de los datos humanos, y los humanos tenemos prejuicios. Si un sistema fue entrenado con decisiones judiciales discriminatorias, reproducirá esas injusticias de manera más rápida y “eficiente”.
La justicia exige imparcialidad, y eso requiere auditar los algoritmos, exigir que puedan explicarse y mantener supervisión humana coherente en cualquier decisión que pueda afectar derechos.
Ignorar la IA tampoco es una opción. Sus beneficios son innegables si se implementa con responsabilidad. Un software capaz de revisar miles de expedientes en minutos permite reducir tiempos procesales y descongestionar sistemas judiciales actualmente saturados, incluso evitar la inoperancia de muchos funcionarios mediante análisis sistemáticos claros.
Un asistente virtual que oriente a ciudadanos sobre sus derechos básicos acerca la justicia a quienes no pueden pagarla. La IA no está diseñada para reemplazar a los abogados, sino para liberarles de tareas mecánicas y permitirles enfocarse en lo que de verdad importa; pensar estratégicamente, analizar y defender derechos.
Una regulación responsable e inclusiva
Para que todo esto funcione, el marco normativo debe evolucionar. Nuestras leyes fueron escritas en un mundo analógico y rígido, que hoy enfrenta problemas digitales. Se necesita regulación clara sobre la responsabilidad de los sistemas autónomos, la protección de datos, la propiedad intelectual de creaciones generadas por IA y, sobre todo, estándares de transparencia y auditoría.
Europa ya avanza con normativas de IA; mientras que, en América Latina, y particularmente en Ecuador, el debate apenas empieza. Si no tomamos acción ahora, terminaremos aplicando reglas extranjeras sin contexto o, peor aún, siendo meros espectadores de una revolución que nos afecta de lleno.
La adopción ética de la IA en el derecho debe apoyarse en principios concretos, como la transparencia en los algoritmos, protección de los derechos fundamentales, acceso igualitario a la tecnología y formación de los profesionales jurídicos en competencias digitales. Un abogado que no entienda cómo funciona la IA en pocos años estará en desventaja, peor aún, un juez. No basta con conocer el Código; hay que comprender que la tecnología está cambiando la forma de aplicarlo.
Este diálogo no puede quedarse solo en la teoría. Requiere acciones concretas desde hoy. Las facultades de derecho tienen el desafío de incluir en su formación materias relacionadas con tecnología, ética digital y ciberseguridad jurídica. No podemos seguir preparando abogados para un mundo que ya no existe; debemos formar profesionales capaces de comprender y liderar el cambio tecnológico.
Lo mismo aplica para jueces, fiscales y defensores públicos, la capacitación continua debe incluir la comprensión de los sistemas de IA con los que, tarde o temprano, interactuarán.
El debate no se limita a la academia. El sector privado y los despachos jurídicos también tienen una responsabilidad. Integrar tecnología no es solo una ventaja competitiva, es una obligación ética para ofrecer un servicio más eficiente y accesible. Un estudio jurídico que adopta herramientas de IA para agilizar trámites o analizar contratos no solo ahorra tiempo, también contribuye a democratizar el acceso a la justicia.
IA y derechos humanos, el debate emergente
No debemos caer en la ingenuidad de pensar que la IA resolverá todos los problemas del sistema judicial. Las falencias estructurales, la corrupción, la falta de independencia en algunos poderes judiciales o la desconfianza ciudadana no desaparecerán por el simple uso de una herramienta tecnológica. Si no somos cuidadosos, estos mismos problemas podrían trasladarse al ámbito digital. Por eso, el control ciudadano y la transparencia deben ser pilares innegociables.
Es aquí donde la filosofía y el derecho se encuentran. Detrás de cada decisión jurídica hay valores como: la justicia, igualdad, dignidad y la libertad. La IA carece de estos valores intrínsecos; su función es matemática, no moral. La tarea de dotar de sentido humano a la tecnología recae en nosotros. Si fallamos, estaremos construyendo un derecho eficiente en apariencia, pero vacío de humanidad en el fondo. Y el derecho sin humanidad pierde su razón de ser.
También hay que considerar el impacto económico y social de la IA en la profesión. Muchas tareas básicas se automatizarán, pero surgirán nuevas oportunidades para quienes se adapten. El abogado del futuro no solo litiga; asesora en ética digital, diseña contratos inteligentes, trabaja en ciberseguridad y protección de datos.
El legislador también tiene un rol protagónico en este proceso. No basta con copiar normas de otros países; necesitamos soluciones adaptadas a nuestra realidad. En Ecuador, donde aún existen brechas de acceso a internet y educación digital, la regulación debe considerar la inclusión tecnológica. La tecnología debe unir, no dividir.
Un punto que merece mayor debate es el impacto de la IA en los derechos humanos emergentes como serían derecho al olvido, derecho a la identidad digital, derecho a no ser evaluado exclusivamente por algoritmos. ¿Puede una persona exigir que una decisión automatizada sea revisada por un ser humano? ¿Debe la IA tener límites claros en procesos penales o de familia, donde el contexto y la empatía son esenciales? Estas discusiones definirán el rumbo de la justicia en los próximos años.
La IA, un cruce de caminos
Estamos frente a un cruce de caminos. El derecho y la IA pueden chocar, ignorarse o complementarse. La tercera opción es la única que garantiza un futuro justo. Para lograrlo se necesita valentía y visión: valentía para cuestionar el status quo y admitir que muchas de nuestras estructuras están obsoletas, y visión para diseñar un sistema donde la tecnología amplifique la justicia, no la suplante.
La forma en que integremos la IA en el derecho nos afecta a todos, porque todos, en algún momento, somos parte de un proceso legal. No se trata de temerle a la tecnología, sino de exigir que esté a nuestro servicio y bajo nuestras reglas.
La historia demuestra que los grandes avances siempre generan dudas y resistencias. La IA no es diferente; la diferencia está en su velocidad y alcance. Por eso, el tiempo de actuar es ahora. Cada día que pasa sin regulación, educación digital y discusión ética aumenta el riesgo de que otros decidan por nosotros.
El derecho debe proteger lo esencial; la dignidad, libertad y justicia. Lo que cambia son las herramientas. Si entendemos esto, la IA será una aliada poderosa, siempre bajo la guía de principios humanos. La pregunta no es si la IA formará parte de la justicia, porque ya lo hace. La verdadera pregunta es, qué tipo de justicia queremos construir con la IA.
CONOCE A BRYAN RUALES.
Bryan Ruales López es un abogado especializado en Derecho Penal y Digital. Abogado por la Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra, Magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral por la Universidad Internacional SEK. Investigador en inteligencia artificial aplicada al ámbito legal. Fundador de Dignité Legal Group, firma jurídica enfocada en la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos judiciales.