Políticas Culturales en Ecuador.

Autor: Henry Mello

¿Qué es cultura?

Desde la experiencia personal, la cultura puede definirse como un “todo”; es decir, como todo aquello que nos vincula con nuestro entorno: lo social, lo comunitario, lo económico, lo político, entre otros aspectos. La cultura es, sobre todo, poder, ya que se articula a través de capitales simbólicos que definen qué significa “tener” cultura, cuáles son los referentes válidos para interpretar la realidad de una sociedad, y actúa como una estrategia de intervención social desde lo simbólico.

La cultura también puede ser definida, descrita y explicada desde múltiples enfoques y perspectivas. Por ejemplo, la antropología la interpreta a través de los juegos políticos de la identidad; la sociología se interesa por las razones y formas del encuentro colectivo en torno a sentidos compartidos; los estudios culturales y poscoloniales la conciben como un campo de disputa política; las artes la interrogan a partir de nociones como la belleza y el gusto; la comunicación la aborda como una clave de enunciación estratégica para captar y movilizar audiencias; y la economía la valora, cada vez más, como una actividad productiva con potencial de mercado. Y así, podríamos seguir trazando múltiples formas de entender qué es y cómo se produce cultura. 

Entonces, ¿cómo entiendes tú la cultura? ¿Desde qué campo, experiencia o vivencia te conectas con ella?

Raymond Williams (1976) dice que el término Cultura nace en el siglo XVIII, y aparece al mismo tiempo que civilización, mientras civilización nos indica el orden de lo material, cultura se refiere al orden de lo espiritual. Entonces, la cultura sería ese proceso de “cultivarse” como ser humano.

En el siglo XX, la cultura dio cuenta de los trabajos y prácticas de actividades intelectuales y especialmente artísticas (artes) y en la actualidad hablamos en Ecuador de la plurinacionalidad que reconoce a 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, cada una con cosmovisiones específicas, con lenguas y prácticas culturales disímiles. Por tanto, el Estado debe superar su matriz monocultural, hegemónica y excluyente, y adoptar una visión anticolonial y democrática que reconozca la diferencia (García, 2016, p. 52).

La Ley Orgánica de Cultura del Ecuador, en su artículo 5, establece como derechos culturales fundamentales: la preservación de la identidad cultural, la protección de saberes ancestrales, el fomento del diálogo intercultural, la salvaguarda de la memoria social y la promoción de la libertad creativa. Es deber del Sistema Nacional de Cultura garantizar su cumplimiento (Cardoso, Crespo y Maquilón, s/f).

A lo largo de este recorrido, por más superficial que pueda parecer, es posible advertir que la complejidad no radica en la palabra “cultura” en sí misma, sino en la multiplicidad de significados que ha adquirido a lo largo del tiempo. Al igual que en la física, donde se sostiene que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, la cultura puede entenderse como un fenómeno dinámico: no desaparece, sino que se reconfigura, adaptándose a nuevos contextos históricos y sociales.

¿Qué es política cultural?

Las políticas culturales han dado lugar a diversas definiciones: Yúdice y Miller sostienen que “se refiere a los apoyos institucionales que canalizan la creatividad estética y las formas de vida colectivas’’ y “está contenida en instrucciones de carácter regulatorio y sistemático”. García Canclini la define como “el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social”.

En todo caso, lo que se puede afirmar es que detrás de cualquier acción pública existe una intencionalidad política sujeta a unos determinados objetivos y finalidades. Y de acuerdo a los distintos objetivos, pueden establecerse diversas tipologías de las políticas culturales.

Uno de los antecedentes clave en el reconocimiento de la cultura como derecho fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que proclamó el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de su comunidad, disfrutar de las artes y beneficiarse del progreso científico. Este fue un paso importante —aunque incompleto— hacia una visión más integral de lo cultural.

La Unesco (1969) advierte que no puede existir una política cultural única para todos los países. Cada Estado debe definir la suya en función de sus valores, metas y contextos. En Ecuador, país diverso y plurinacional, esta premisa es fundamental porque cada territorio tiene necesidades distintas y, por tanto, requiere políticas culturales específicas.

-Institucionalidad

En Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio es la entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura. Además, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en sus distintos niveles, tienen competencias en la gestión del patrimonio, el fomento de la cultura local, la participación ciudadana, el financiamiento de proyectos culturales y la promoción del turismo cultural.

No obstante, en provincias como Imbabura, se observa que estas funciones muchas veces se cumplen parcialmente, o no se cumplen, debido a la inexistencia de departamentos específicos de cultura en algunos GAD. Además, los presupuestos culturales suelen ser inferiores al 3 % del presupuesto general. Se ha llegado a considerar que financiar fiestas o desfiles —sin desmerecer estas expresiones populares— ya equivale a hacer política cultural, lo cual es una visión reduccionista.

En ese contexto, existen instrumentos para desarrollar políticas culturales en las administraciones y se agrupan en cuatro grandes familias:

            1.         Provisión directa (servicios culturales, equipamiento, programación)

            2.         Ayudas económicas (subvenciones, becas, logística)

            3.         Incentivos fiscales. (Deducibilidad)

            4.         Regulación legal (leyes, normativas, ordenanzas)

Las dos primeras son las principales en nuestro ámbito. Por una parte, la administración es un proveedor de servicios culturales de todo tipo, como formación especializada a bibliotecas, museos y archivos, el equipamiento y programación escénica, son solo pocos ejemplos.

Por otra parte, las ayudas económicas deben ser el motor del apoyo al sector, bien de manera directa, o mediante becas o subvenciones, mediante vías indirectas para facilitar el acceso al financiamiento, ofreciendo apoyo logístico o asesoría. Los incentivos fiscales, que existen (150% deducibilidad) son complementarios a estas herramientas, y en cuanto a la regulación, la cultura, no es objeto de leyes generales como sucede en otros ámbitos.

Unos de los momentos más críticos hablando de cultura fue la pandemia, donde se observó las carencias y poca agilidad de un Estado por fomentar una política pública. La cultura siempre se ha encontrado en la  informalidad y la inestabilidad en los ingresos. Esta situación también permitió evidenciar cuál es el rol y la importancia asignadas social y políticamente al arte y la cultura, en función de las medidas ejecutadas para su salvamento. A pesar de ello, cinco años después (pandemia), no se han implementado políticas culturales robustas que fortalezcan al sector.

Rubens Bayardo (2010) enfatiza que las políticas culturales deben asentarse sobre el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos. En este sentido, cabe preguntarnos: ¿hacia dónde van las políticas públicas culturales en Ecuador?.

Cuando hablamos de políticas públicas en Ecuador y Sur América también se debe hablar sobre Cultura Viva Comunitaria (CVC), surgido de la implementación en 2004, en Brasil, del programa Puntos de Cultura, que luego se transformó en política de estado en 2014. Si definimos a CVC se puede decir que son las expresiones artísticas y culturales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a partir de su cotidianidad. Es una experiencia que reconoce y potencia las identidades colectivas, el diálogo, la cooperación, la constitución de redes y la construcción comunitaria a través de la expresión de la cultura popular. Es decir, impulsar la cultura desde lo cotidiano y comunitario.

La participación ciudadana y la asociatividad son fundamentales en los procesos culturales. El espíritu de lo cultural lleva intrínsecamente la voluntad de hacer con y para otros, porque la cultura es resultado de procesos de socialización y expresión colectiva que van moldeando imaginarios y formas de vida en común. En tiempos caracterizados por las contradicciones de la globalización y la conectividad, surgen por un lado e influenciados por el mercado criterios que llevando a alentar el “emprendedurismo individualista” y por otro lado desde procesos sociales de organización y reivindicación popular, iniciativas basadas en lógicas colaborativas y orientadas al bien común. Su incidencia ha sido clave para el fortalecimiento del tejido social y la formulación de políticas públicas más inclusivas.

El trabajo cultural asociativo, colaborativo y en red responde a la necesidad de revertir situaciones de opresión y/o exclusión desde el reconocimiento de identidades y propósitos compartidos. Implica visualizar colectivamente un horizonte común, pero no desde la homogeneidad ni la verticalidad, sino desde el reconocimiento de la diversidad y de lo particular, desde la complementariedad que nos permite la diferencia. Como proponen Mario Rovere y Maria del Carmen Tamargo, “las redes implican necesariamente la aceptación de lo diverso, de la asimetría y de la autonomía, ya que una red es un conjunto de heterogeneidades organizadas (nodos)”.

Como cierre de este trabajo, se pueden establecer las siguientes conclusiones en torno a las políticas culturales en Ecuador: 

• La provisión de servicios culturales a la población se ha sustentado tradicionalmente en el enfoque de democratización de la cultura, entendida como el acceso equitativo a bienes y servicios culturales. Sin embargo, esta visión, aunque presente en el discurso oficial, no ha sido plenamente incorporada en las agendas gubernamentales, lo que evidencia una falta de prioridad real hacia el desarrollo de políticas culturales integrales y sostenidas. 
• Uno de los desafíos centrales radica en la creación de nuevos públicos y en el impulso de procesos que amplíen, profundicen y enriquezcan las relaciones entre la cultura y la ciudadanía. En este contexto, una estrategia pertinente es el fortalecimiento de programas de residencias artísticas, cuyo objetivo no solo es la creación y producción, sino también la participación activa de los públicos desde las etapas iniciales del proceso. Para ello, resulta imprescindible consolidar una institucionalidad que garantice los derechos culturales, incluyendo la interculturalidad y la plurinacionalidad como ejes transversales de la política cultural. 
• Asimismo, se observa un marcado desfinanciamiento del sector cultural en el presupuesto nacional. Los escasos incentivos y apoyos públicos se orientan principalmente hacia las industrias culturales, con un énfasis particular en la producción. La creación artística, en cambio, suele ser subsumida dentro de esa lógica productiva. Es necesario, por tanto, reconocer y respaldar la creación en sí misma, especialmente aquella que explora lenguajes experimentales o se sitúa al margen del mercado, asegurando su existencia en el ecosistema cultural. 
• Otro aspecto relevante es la ampliación de herramientas y marcos institucionales que integren al sector cultural dentro de las industrias creativas. Esto implica que áreas como la industria o la promoción económica no solo abran sus programas a los sectores culturales y creativos, sino que colaboren activamente con las instancias culturales en la implementación de políticas transversales. Tal articulación fortalece la continuidad de las políticas públicas y evita su fragmentación.
• Finalmente, se advierte una tendencia creciente a concebir las políticas culturales desde perspectivas más transversales, lo cual comienza a reflejarse en el ámbito regulatorio. Emergen propuestas legislativas sobre derechos culturales, acceso a la cultura y el valor público de la cultura. Esta revalorización de los fundamentos esenciales de la política cultural ocurre desde una nueva conciencia, informada por la experiencia acumulada, y con la convicción de que, si bien las políticas públicas pueden tener objetivos específicos, es indispensable una visión integral que permita su articulación coherente y equilibrada.

Henry Melo

Gestor Cultural.

Postgrado en Políticas Culturales – FLACSO Argentina.

Ingeniero – Técnico Sonido (EMBA – IAVQ)

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