Maxwell A. Camacho Balseca
La desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, reconocida y condenada por el derecho internacional. En el contexto ecuatoriano, esta problemática ha ganado notoriedad debido a casos como el de los cuatro niños desaparecidos, atribuidos a las acciones de las Fuerzas Armadas en Las Malvinas. Este ensayo aborda la relación entre este delito, la normativa ecuatoriana, los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y el Manual de Uso Progresivo de la Fuerza como herramienta de prevención y garantía de derechos.
Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Desaparición Forzada
En el ámbito nacional, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la desaparición forzada en su artículo 84, estableciendo sanciones severas para quienes la cometan. Este artículo refleja los compromisos asumidos por Ecuador al ratificar instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A nivel internacional, la Corte IDH ha desempeñado un papel crucial al desarrollar jurisprudencia que consolida los estándares sobre desaparición forzada. Casos emblemáticos como Velásquez Rodríguez vs. Honduras han establecido que este delito implica la privación de libertad seguida de la negativa del Estado a reconocer dicha detención o a proporcionar información sobre el paradero de la persona, lo cual genera un estado permanente de impunidad.
La Corte IDH ha subrayado que la desaparición forzada no solo viola el derecho a la libertad personal, sino también el derecho a la integridad, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica. Estos principios son fundamentales para garantizar que los Estados parte adopten medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Los Niños de Las Malvinas: Una Crisis de Derechos Humanos
El caso de los cuatro niños desaparecidos en el sector de Las Malvinas, presuntamente a manos de las fuerzas armadas, ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos y reportes de prensa, las desapariciones ocurrieron en un contexto de intervención militar que, lejos de proteger a la población, derivó en abusos de autoridad.
La falta de información clara y las contradicciones en los informes oficiales han exacerbado el dolor de las familias y han generado desconfianza hacia las instituciones. Este caso no es un hecho aislado; refleja un patrón de vulnerabilidad en sectores marginales como Las Malvinas, donde los niños enfrentan riesgos asociados con la pobreza, la violencia y la falta de servicios básicos.
El Rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En el contexto de los niños desaparecidos de Las Malvinas, la Corte IDH se presenta como un mecanismo esencial para garantizar justicia cuando las instituciones nacionales fallan en brindar respuestas efectivas. La jurisprudencia de la Corte ha enfatizado que los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos en toda intervención de las fuerzas armadas, incluso durante estados de excepción o emergencias.
En el caso La Cantuta vs. Perú, por ejemplo, la Corte condenó al Estado peruano por la desaparición forzada de estudiantes universitarios a manos de las fuerzas armadas, destacando la responsabilidad estatal por acciones cometidas por sus agentes. Este precedente subraya la obligación de Ecuador de investigar los casos de desaparición forzada, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas.
Además, la Corte ha insistido en que el principio de pro persona debe guiar la interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales, privilegiando siempre la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
El Manual de Uso Progresivo de la Fuerza: ¿Un Instrumento Eficaz?
El Manual de Uso Progresivo de la Fuerza, adoptado por Ecuador, establece lineamientos para regular las intervenciones de las fuerzas de seguridad, asegurando que estas se realicen con apego a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Sin embargo, en casos como el de los niños desaparecidos en Las Malvinas, surge la pregunta sobre la eficacia real de este instrumento.
Si bien el Manual es un paso positivo, su implementación depende de la capacitación de los agentes, la existencia de mecanismos de supervisión independientes y el compromiso político de las autoridades. En este caso, el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de registros claros de las acciones militares evidencian un incumplimiento de las directrices establecidas.
Obligaciones del Estado y Recomendaciones
La desaparición forzada de los niños de Las Malvinas plantea serios cuestionamientos sobre las políticas de seguridad y derechos humanos en Ecuador. Ante esta situación, es fundamental que el Estado cumpla con las siguientes obligaciones:
- Investigación Exhaustiva: Garantizar una investigación imparcial y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sancionarlos conforme a la ley.
- Reparación Integral: Brindar reparación a las familias de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
- Fortalecimiento del Manual de Uso Progresivo de la Fuerza: Revisar y actualizar el Manual para abordar situaciones específicas como las desapariciones forzadas, asegurando su efectiva aplicación.
- Cooperación con la Corte IDH: En caso de que las familias acudan al sistema interamericano, el Estado debe colaborar plenamente y cumplir con las medidas que se ordenen.
- Capacitación y Sensibilización: Impartir formación continua a las fuerzas de seguridad sobre derechos humanos, prevención de la desaparición forzada y uso proporcional de la fuerza.
- Fortalecimiento Institucional: Crear o fortalecer órganos independientes de supervisión para monitorear las intervenciones de las fuerzas armadas y garantizar la rendición de cuentas.
Conclusión
El delito de desaparición forzada representa una herida profunda en el tejido social, y los casos de los niños de Las Malvinas evidencian las fallas estructurales en la protección de los derechos humanos en Ecuador, y el desborde del poder punitivo del Estado. A pesar de los marcos legales existentes, es evidente que su aplicación efectiva sigue siendo un desafío.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ofrece un marco normativo y jurisprudencial que puede guiar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por su parte, el Manual de Uso Progresivo de la Fuerza debe ser revisado y fortalecido para prevenir abusos y garantizar intervenciones que respeten la dignidad humana.
Finalmente, es crucial que la sociedad ecuatoriana, junto con las instituciones (sobretodo con las instituciones que existen para proteger a sus ciudadanos), se comprometan a combatir la impunidad y proteger a los más vulnerables. Solo a través de una acción conjunta será posible evitar que tragedias como la de Las Malvinas se repitan y construir un país más justo y humano.
¿De que sirve el derecho constitucional o derecho penal sino se respetan las garantías mínimas al debido proceso, y existe sangre inocente en las manos del Estado?
La verdadera fuerza de un Estado no radica en el poder de sus armas, sino en la confianza de su pueblo en la justicia. Y, eso no existe.
